Tamaulipas reitera su Fortaleza Financiera 2025
Columna Rosa, sólo para Mujeres.
Por: Lic. Bárbara Lera Castellanos.
En julio de 2025, la agencia internacional Fitch Ratings reconoció la solidez financiera de Tamaulipas al elevar su calificación nacional de largo plazo de ‘A-(mex)’ a ‘A+(mex)’, con Perspectiva Estable. Este reconocimiento es resultado directo del buen desempeño del gobierno encabezado por Américo Villarreal Anaya, quien ha implementado políticas de disciplina financiera, eficiencia presupuestaria y manejo responsable de los recursos públicos.
La administración estatal logró mejorar la cobertura del servicio de la deuda, pasando de 0.9x a 1.3x en el escenario de mayor estrés, y mantuvo la razón de repago consistentemente por debajo de 5x, lo que refleja una gestión prudente de las obligaciones financieras.
Fitch asignó a Tamaulipas una evaluación en la categoría ‘AA’ para el balance operativo, proyectando un promedio del 6.0% de los ingresos operativos entre 2025 y 2029, mientras que la deuda directa de largo plazo se mantiene en 15,196 millones de pesos, estructurada bajo esquemas fideicomitidos y sin concentración de riesgos. Todo esto es muestra de una administración financiera responsable y estructurada, impulsada por el gobernador.
El gobierno estatal ha sido reconocido por su contención del gasto público, el fortalecimiento de la recaudación local mediante herramientas digitales y vigilancia del impuesto sobre nómina, así como por estrategias fiscales orientadas a mejorar la eficiencia tributaria.
Estas acciones han permitido que Tamaulipas supere las proyecciones financieras y el promedio observado entre 2020 y 2023, consolidando su posición crediticia a nivel nacional.
Además, otras agencias calificadoras como PCR-Verum han respaldado la solidez financiera de la entidad, fortaleciendo aún más la confianza de los mercados.
Bajo la dirección y trabajo del secretario de Finanzas, Jesús Lavín Verástegui, Tamaulipas reafirma su compromiso con el equilibrio fiscal, la administración eficiente de los recursos públicos y una gestión orientada al desarrollo económico y social sostenible, en beneficio de toda la población.
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